Con acceso limitado a la atención médica, los pacientes inmigrantes sin seguro se pueden enfrentar a la “deportación médica”

ALLENTOWN, Pensilvania — La desordenada mesa de la cocina de Junior Clase podría ilustrar su vida en Estados Unidos. Sobre ella, hay frascos de desodorante y de acondicionador que envía a República Dominicana, una Biblia en español y una bota ortopédica de plástico de su esposa, Solibel Olaverria.

Olaverria empezó a sufrir fuertes dolores de cabeza y vómitos cinco meses después de reunirse con su esposo en Estados Unidos. En la sala de urgencias, le diagnosticaron un aneurismo cerebral; durante una cirugía para evitar que se rompiera, sufrió un derrame cerebral y fue inducida al coma.

Olaverria dejó la casa adosada de su pareja en Allentown en diciembre de 2022 y aún no ha vuelto. Clase teme que nunca lo hará.

En febrero de 2023, según Clase, los administradores del hospital donde estaba recibiendo tratamiento su esposa sugirieron trasladarla, aún en coma, a un centro de República Dominicana, una opción que él rechazó.

“Ellos me dijeron que ellos sí podían mandarla para mi país”, contó y añadió que esto podía suceder incluso sin su consentimiento. “Para ese momento, le faltaba un pedazo de la cabeza, del cráneo… Si la montan en un avión o un helicóptero, es posible que ella se muera”.

Aunque el gobierno federal es la única institución con autoridad para expulsar a personas de Estados Unidos, a veces son los hospitales de todo el país los que deportan a sus países de origen a pacientes que necesitan cuidados a largo plazo y que no tienen ciudadanía estadounidense ni seguro médico.

Los activistas llaman a esta práctica “deportación médica”, mientras que los hospitales y las compañías de transporte médico le dicen “repatriación médica”. En cualquier caso, esta práctica se encuentra en una zona gris tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista legal, ya que no existe una normativa federal específica al respecto, ni es de amplio conocimiento público, ni existe un sistema nacional de control de la misma.

Ante la falta de opciones de atención médica, algunos pacientes inmigrantes y sus familiares deciden voluntariamente continuar su tratamiento fuera de Estados Unidos. En otras ocasiones, según los expertos que han estudiado el fenómeno, el proceso se lleva a cabo sin su pleno consentimiento.

Lori Nessel, profesora de Seton Hall University y quien supervisó un informe publicado en 2012 sobre las repatriaciones médicas, dijo que esta práctica equivale a una “deportación privada”.

“Básicamente estaban siendo deportados”, dijo. “Pero fuera del proceso legal de deportación, porque no había ningún tribunal de inmigración involucrado”.

Aunque algunos gobiernos extranjeros documentan estas repatriaciones, los datos son inconsistentes y no revelan si los pacientes querían regresar, si sentían que no tenían otra opción o si fueron forzados a marcharse.

Durante las últimas dos décadas, académicos, activistas por los derechos de los inmigrantes y periodistas han luchado por cuantificar este fenómeno, que involucra una intrincada red de hospitales, compañías de transporte aéreo y consulados que operan en diferentes estados y países.

Desde 2020, el Free Migration Project (proyecto migración libre), con sede en Filadelfia, Pensilvania, ha registrado 19 casos de pacientes que se han enfrentado a una deportación médica y que se pusieron en contacto con la organización a través de una línea de atención telefónica y gracias a información que corrió de boca a oreja. Seis de estos casos se reportaron en los seis primeros meses de 2025, de ciudades en Pensilvania, Florida, Nueva Jersey y Nueva York, según Adrianna Torres-García, subdirectore de la organización.

“Hemos tenido un mayor volumen de casos en el mismo lapso de tiempo que en cualquier otro año”, dijo Torres-García. “También son casos más complejos”.

Los expertos que han estudiado el fenómeno creen que las deportaciones médicas son más frecuentes de lo que los datos existentes reflejan, y algunos temen que los casos pueden aumentar, ya que esta práctica se encuentra en la intersección entre la atención médica y la inmigración, dos sistemas que están experimentando cambios dramáticos en la segunda Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Al principio, Olaverria pudo obtener tratamiento gracias a una ley federal que exige a los hospitales que participan de Medicare proporcionar atención médica para estabilizar a cualquier persona que se encuentre en una situación de emergencia, sin importar su seguro, capacidad de pago o su estatus migratorio. Después, los hospitales pueden solicitar un reembolso por los costos del tratamiento a través de un programa que se llama Emergency Medicaid.

Sin embargo, la ley fiscal y presupuestaria que firmó Trump en julio reduce significativamente los fondos que el gobierno federal destina a Emergency Medicaid. También impide que algunos inmigrantes, entre ellos refugiados y personas con asilo político, puedan acceder a Medicaid y Medicare.

Los inmigrantes sin estatus legal no han sido aptos para estos programas durante mucho tiempo, e incluso los residentes permanentes tienen que esperar cinco años desde que obtienen la green card para poder acceder a Medicaid.

En efecto, los expertos que estudian seguro médico afirmaron que estas modificaciones dejarán incluso a más inmigrantes sin seguro médico y harán que existan aún menos fondos para la atención de emergencia, si es que la necesitan.

“Si los inmigrantes no pueden acceder a la misma cobertura, no van a poder acceder a la misma atención médica”, dijo Andrew Cohen, abogado de Health Law Advocates, un estudio de abogados de interés público de Boston, Massachusetts. “Ahí es donde podrían aumentar realmente las deportaciones médicas”.

La obligación legal de atender a cualquier persona que se encuentre en una situación de emergencia no va a desaparecer, dijo Benjamin Sommers, investigador de políticas sanitarias de la Universidad de Harvard. Sin embargo, con menos fondos del gobierno federal destinados a Emergency Medicaid, los estados también podrían decidir reducir los fondos destinados a reembolsar la asistencia médica de emergencia, trasladando esos costos a los hospitales o a los pacientes.

Los pacientes “reciben facturas que a menudo no pueden pagar” y, en muchos casos, terminan endeudados, dijo Sommers. Y añadió que algunos incluso pueden llegar a quebrar porque no tienen manera de pagar. “A veces vemos hospitales que derivan pacientes. … Creo que habrá más de esto”.

Raymond Lahoud, un abogado de Pensilvania que representa a hospitales y sistemas de salud en casos relacionados con la inmigración, dijo que los hospitales cumplen con sus obligaciones de tratar a todos los pacientes, pero que a menudo tienen que considerar otras opciones una vez que se estabilizan.

“Llega un punto en el que el hospital ha hecho todo lo que podía hacer desde el punto de vista médico, y ahora esa persona tiene que pasar a la siguiente etapa de rehabilitación o a cierto tipo de cuidados paliativos”, dijo.

Los ciudadanos estadounidenses podrían ser trasladados a otros hospitales, a centros de cuidados a largo plazo o con sus familiares. En cambio, los pacientes que no son ciudadanos estadounidenses y que tienen un acceso limitado al seguro médico, podrían ser enviados a centros en sus países de origen.

A veces, los hospitales pagan a empresas privadas de transporte médico para llevar a cabo repatriaciones y proporcionar asistencia médica durante el vuelo. Estos servicios habitualmente cuestan decenas de miles de dólares pero aún así pueden resultar más económicos que cubrir los costos de una hospitalización a largo plazo o por tiempo indeterminado; en Estados Unidos en 2023, el costo promedio de un día de hospitalización era de $3.132 dólares, según la organización de investigación en políticas sanitarias KFF.

“Desafortunadamente, esto se convierte en una carga económica para el hospital”, dijo Craig Poliner, presidente de MedEscort, una empresa de transporte aéreo médico, con sede en Allentown, que trabaja con hospitales para facilitar las repatriaciones médicas.

Poliner insistió en que MedEscort nunca repatriaría a un paciente sin su consentimiento y dijo que los responsables de la empresa trabajan con los hospitales para seguir los lineamientos de la American Medical Association (asociación médica de Estados Unidos) para dar de alta a un paciente.

“Los pacientes realmente se recuperan mejor en sus propios países, en sus propias culturas”, dijo. “No estamos forzando a nadie a regresar. Los convencemos de por qué pensamos que es mejor. Si adoptamos el enfoque adecuado, generalmente se resuelve por sí solo”.

Sin embargo, activistas contra la deportación médica señalaron que el estatus migratorio, el carecer de seguro, la lesión o la enfermedad en sí mismas, así como un desconocimiento del sistema de salud y las barreras lingüísticas pueden dificultar la capacidad de una persona para dar un consentimiento informado.

En 2013, John Sullivan, un trabajador social que vive en Tempe, Arizona, viajó a México para estudiar las repatriaciones médicas como parte de una beca Fulbright. Entrevistó a pacientes que habían sido deportados, así como a familiares de estos, a trabajadores de la salud y a funcionarios mexicanos.

Sullivan dijo que las circunstancias que rodeaban el consentimiento en algunos de estos casos eran “poco claras”. “Era casi como si los migrantes describieran haber sentido como que no tenían otra opción”, dijo.

Olaverria llegó a Estados Unidos con una visa de turista y, cuando buscó tratamiento médico, no tenía seguro. En los primeros días de marzo de 2023, recordó Clase, los administradores del hospital le dieron un ultimátum: O conseguía otro centro para el tratamiento de su esposa o seguirían adelante con su traslado a República Dominicana.

Clase dijo que la única opción que sintió que tenía era mantener a su esposa donde estaba. No creía que ella sobreviviera al vuelo a República Dominicana y, si lo hacía, no confiaba en que ella recibiera allí la atención que necesitaba. No podía cuidarla adecuadamente en su casa y ella no tenía un seguro médico que cubriera el costo de otro centro en Estados Unidos.

Activistas locales conectaron a Clase con el Free Migration Project, el cual organizó protestas contra el traslado de Olaverria. Fuera del hospital, manifestantes portaron carteles hechos a mano, demandando el fin de las deportaciones médicas.

Después de la cobertura que hicieron medios locales del hecho, contó Clase, los administradores del hospital acordaron suspender el traslado si podían trabajar con él en encontrar otra opción para el tratamiento a largo plazo de su esposa. El hospital no respondió a las solicitudes de entrevista.

La cobertura mediática del caso Olaverria contribuyó a aumentar el interés por un proyecto de ley presentado ante el ayuntamiento de Filadelfia para detener las repatriaciones médicas no consensuadas y, en diciembre de 2023, se convirtió en la primera y única ley en el país que prohíbe esta práctica, según expertos que han estudiado el fenómeno.

La norma requiere que los hospitales de la ciudad obtengan el consentimiento por escrito de los pacientes y les proporcionen información sobre sus derechos y opciones de atención antes de trasladarlos fuera de Estados Unidos. También exige que los hospitales determinen si los pacientes son elegibles para programas que podrían hacerse cargo de su tratamiento y, en caso de serlo, los ayuden a aplicar para ellos.

Los hospitales de Filadelfia ahora también tienen que informar las repatriaciones médicas al Departamento de Salud Pública de la ciudad. El portavoz del departamento, James Garrow, dijo que los hospitales de la ciudad reportaron cinco casos de repatriación en 2024, el primer año calendario completo en el que se recopilaron datos.

Claudia Martínez participó en la campaña para aprobar dicha ley después de que su tío debió enfrentarse a la repatriación médica. Fotos personales, recuerdos de su boda y citas bíblicas adornan las paredes de la sala de su casa, junto a un “Premio al poder comunitario” otorgado por la Pennsylvania Immigration Coalition (coalición de inmigración de Pensilvania).

“Yo no quiero que nadie pase lo que yo pasé”, dijo Martínez.

En mayo de 2020, una motocicleta atropelló al tío de Martínez, un inmigrante de Guatemala. Cuando Martínez llegó al hospital, lo encontró en coma y entubado, con heridas que lo volvían casi irreconocible.

Semanas después, según Martínez, una trabajadora social del hospital le preguntó por el estatus migratorio de su tío. Más tarde, se enteró de que el hospital y MedEscort planeaban trasladarlo a un centro de salud en Guatemala.

“Yo me quedé en shock”, dijo Martínez. “Estaba todo entubado. … No estaba en condición de viajar”.

Martínez afirmó que rechazó el traslado en conversaciones con funcionarios del hospital y de MedEscort. Pero Poliner dijo que MedEscort obtuvo la autorización para la repatriación a través de familiares en Guatemala, lo cual es negado por Martínez.

Finalmente, Martínez contactó al Free Migration Project, que organizó una protesta fuera del hospital el día en el que estaba previsto el traslado de su tío.

Al final, la deportación médica se canceló. Con la ayuda de activistas comunitarios, el tío de Martínez pudo acceder a un seguro financiado por el estado. Se mudó a un centro de rehabilitación y se quedó allí por tres años, hasta que su seguro expiró.

En mayo de 2024, su familia decidió que lo mejor para él sería volver a Guatemala para estar en casa con su esposa. Él ya puede caminar, pero tiene graves problemas de memoria.

“Él es una persona que le gusta bromear”, dijo Martínez. “Eso creo que no lo perdió”.

Los consulados suelen involucrarse en el transporte médico de sus ciudadanos, ayudando a obtener los documentos para el viaje y, a veces, pagando los pasajes en vuelos comerciales más económicos.

Entre 2014 y 2024, la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica de México registró 8.227 repatriaciones médicas; de estas, 328 tuvieron lugar en 2024. Los datos no distinguen entre los pacientes que querían regresar y aquellos que se sintieron presionados o coaccionados.

“A veces el nivel de atención que ellos van a recibir en sus ciudades natales … no se va a comparar con el que reciben aquí, y ellos lo saben. Así que es muy raro que un paciente diga: ‘Quiero irme’”, dijo un oficial consular mexicano que no quiso ser identificado para evitar consecuencias en su actual trabajo con hospitales.

Si los pacientes quieren permanecer en Estados Unidos, es posible que no conozcan las opciones disponibles para ellos. Los hospitales, a su vez, pueden desconocer las alternativas, dijo Cohen, quien dirige un programa que ayuda a los pacientes inmigrantes que reúnen los requisitos a acceder a un seguro.

En algunos estados, los inmigrantes que no califican para acceder a programas federales de seguro pueden tener acceso a ciertos programas financiados por el estado.

“(Los hospitales están) preventivamente haciendo algo que ni siquiera necesitarían hacer si conocieran esas vías hacia una mejor cobertura”, dijo Cohen.

En mayo de 2023, Olaverria fue trasladada a un centro de cuidados prolongados en Allentown. Dos meses después, se despertó del coma. Aún no puede caminar o ir al baño por sus medios, y solo puede articular unas pocas palabras.

Unos meses después del traslado, Clase y Olaverria obtuvieron una acción diferida por razones médicas, un estatus temporal otorgado por el gobierno federal que les ha permitido quedarse en el país por un tiempo. También le permitió a Clase obtener un permiso de trabajo y a Olaverria acceder a atención médica de emergencia por parte del estado.

Pese a sus dos trabajos y los tres servicios religiosos a los que asiste cada semana, Clase mantiene su ritual de visitar a su esposa todos los días. Ramos de flores reposan sobre el estante de la habitación de Olaverria.

Él le pasa una toallita por la boca, le endereza el cuello y le masajea las manos dobladas. Y le cuenta historias que la hacen reír.

Para Clase, la vida fuera de estas rutinas es prácticamente inexistente. Cuando llega a casa cada noche, duerme y, a veces, llora.

“El país te consume”, dijo.

Clase y Olaverria están tratando de aplicar para una visa que les permitiría quedarse en Estados Unidos por un tiempo más prolongado. Hasta entonces, la posibilidad de que ella pueda seguir con un tratamiento de cuidados prolongados es incierta.

A pesar de esto, Clase sigue adelante, enfocado en los familiares pasos de su rutina cotidiana, todos ellos dirigidos hacia Olaverria.

“La mayor parte de mi tiempo”— dijo Clase — “se lo dedico a mi esposa”.